¿Qué son las negligencias médicas?

En anteriores artículos hemos hablado de conceptos como la Responsabilidad Objetiva (por riesgo), o la Responsabilidad Subjetiva (por culpa). Ambos criterios, sustentan el sistema de Responsabilidad Civil, y e intensifican o reducen el grado de diligencia con el que el responsable ha de actuar. En el caso de las negligencias médicas, podemos hablar de una responsabilidad civil cuasi-objetiva, puesto que es necesaria la culpa o negligencia del médico, pero nos encontramos ante situaciones de notable riesgo, y que giran entorno a conceptos técnicos, de tal forma que son los propios médicos, quienes deben probar que actuaron con la debida diligencia (y no al revés).

El Art. 1902 del Código Civil establece que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. ¿Qué debemos entender por negligencia? Pues es la omisión de los deberes de cuidado exigibles a una determinada persona. El nivel de cuidado exigible a un ciudadano corriente, no es el mismo que el exigible a un profesional, más aún cuando está en juego la salud de las personas. Por ello, los médicos han de extremar las precauciones en el desarrollo de su labor profesional, y por eso mismo, están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de tomar una mala decisión en un momento determinado, recetar una medicación equivocada, etc…

¿Cómo se determina el límite entre la diligencia y la negligencia médica? En estos casos, se tiene en cuenta los conocimientos técnicos, científicos y biológicos que están patentes en un momento determinado. Esto es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado como “Lex Artis” o las leyes de las artes. En el momento en el que un médico toma una decisión que es contraria a los conocimientos compartidos en esa materia por la comunidad científica, y se produce como consecuencia un resultado dañoso, es entonces cuando podemos hablar del concepto de negligencia médica.

No sólo los médicos están obligados a extremar la diligencia en sus actuaciones, sino que también otros profesionales como por ejemplo los abogados, los arquitectos, los ingenieros, etc… También debemos actuar conforme a las máximas deontológicas y científicas que configuran nuestras profesiones. Pero esto quizá deba ser objeto de análisis en el próximo artículo.

Los Peligros de la Temporada Estival

Todos los años, se hace especial incapié en los riesgos que asumimos en los desplazamientos entre nuestros respectivos lugares de origen, y el destino de nuestras vacaciones. Lo cierto es que el riesgo de la conducción de vehículos a motor es manifiestamente elevado. Sin embargo, el hecho de exponernos durante un largo período de tiempo a actividades de ocio, o meramente lúdicas (como los diversos deportes que practicamos durante los meses de verano), pueden suponer un alto riesgo para todos nosotros, sobre todo, cuando quienes las practican son los más pequeños.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta los Art. 1902 y 1903 del Código Civil, que sirven de base para delimitar el alcance de la responsabilidad de unos daños provocados de forma accidental. Y es que en multitud de ocasiones asumimos responsabilidades sin saber que los estamos asumiendo… ¿Quién no ha organizado una excursión al campo con sus hijos menores, y algunos de sus amigos, asumiendo plenamente los riesgos que ello puede conllevar? O ¿Quién no ha dejado jugar a su hijo con otros sin prestarle toda la atención requerida?

Pues bien, todas las situaciones de riesgo descritas tienen un responsable, puesto que estamos hablando de menores de edad, los cuáles requieren una especial atención debido a sus faltas en el avistamiento de los riesgos. Asimismo, aquellas personas que tengan encomendado un deber de cuidado (como por ejemplo, los socorristas, los monitores de actividades o campamentos…), también deberán responder de los sucesos acaecidos en el ámbito de su responsabilidad, salvo que consigan probar que actuaron con toda la diligencia exigible.

  Por otro lado, también existen responsabilidades de la Administración (a nivel local, autonómico, y estatal), de forma que cualquier acontecimiento que genere un daño, como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios de la Administración, deberá ser indemnizado conforme al Art. 139 de la LRJ-PAC. Es decir, que si tropiezo con una acera en mal estado, y sufro unos daños, podré reclamar al Ayuntamiento una indemnización. También podrá reclamarse una indemnización si sufrimos un accidente como consecuencia del mal estado de conservación de una carretera, o si sufro una caída en la piscina municipal, etc…

Al igual que en cualquier procedimiento de reclamación es preciso acreditar los hechos producidos, mediante una asistencia de los servicios del 112 (por ejemplo); y acreditar las lesiones mediante el parte de urgencias, los partes de baja, los partes de rehabilitación… Todo ello será clave para conseguir una buena indemnización.

Como decíamos al principio, todos estos sucesos se ven acrecentados en las vacaciones de verano, sin embargo, muchos de ellos ocurren en el transcurso del año, y no por ello tienen una menor trascendencia. Es importante extremar las precauciones si no queremos llevarnos sorpresas. Pero si se produce el accidente, es también muy importante saber cuáles son nuestros derechos, y actuar en consecuencia.

¿Qué ocurre si tengo un accidente con un vehículo extranjero? ¿Y si el accidente ocurre fuera de España?

La libertad de movimiento que nos proporcionan los vehículos a motor, resulta una ineludible ventaja para los usuarios, pero puede ocasionar situaciones jurídicas de notable complejidad a la hora de determinar dónde debo reclamar una indemnización por accidente, y qué legislación aplicar para determinar la cuantía. Para intentar aclarar de forma sencilla como funcionan las normas de Derecho Internacional Privado en este sentido, vamos a poner una serie de ejemplos:

1)              Pablo (domiciliado en España), tiene un accidente en Madrid con Maurice (domiciliado en Francia), en el que resulta lesionado el primero de los implicados.

-        Pablo podrá demandar a Maurice en España (por ser el lugar de producción del accidente), y el Derecho aplicable para determinar la indemnización será el Español (por ser el de la residencia habitual de la víctima).

2)              Pablo tiene un accidente con Maurice en París, en el que resulta dañado de nuevo Pablo.

- Pablo tendrá que demandar a Maurice en Francia (por ser el lugar de producción del daño), y los tribunales franceses deberán aplicar el Derecho Español (por ser el de la residencia habitual de la víctima.

3)              Jean Paul, y Dominique (con residencia habitual en Francia) deciden hacer una excursión en motocicleta por España. Tienen un accidente en Málaga, en el que atropellan a Carlos, que cruzaba por un paso de cebra.

-        Jean Paul demanda a Dominique –que conducía la motocicleta- en Francia, y con base en el Derecho Francés… ¿Puede Carlos demandar a Dominique en España, y conforme al Derecho Español por haberle atropellado? La respuesta es sí, puesto que el accidente se produjo en España, y la víctima tiene su domicilio en este país.

Como se puede observar, la casuística complica enormemente la determinación de la competencia y el Derecho Aplicable, sin embargo, teniendo claro que los criterios utilizados son el lugar de producción del daño, y el lugar del domicilio de la víctima, será mucho más sencillo determinar dónde y como debe iniciarse el procedimiento de reclamación.

Por otro lado, estos procedimientos revisten una tremenda complejidad, y pueden dilatarse mucho en el tiempo, por ello es conveniente acudir a un abogado experto en la materia.

Consecuencias de conducir sin seguro.

La circulación de vehículos a motor, como una actividad de riesgo potencial, exige la contratación de un seguro obligatorio, tal y como dispone el Art. 2 del Real Decreto 8/2004. Sin embargo, es frecuente que no sepamos el alcance de esa obligatoriedad. ¿Qué ocurre si carezco del preceptivo Seguro Obligatorio y tengo un accidente? ¿Qué tipo de responsabilidades he de asumir por incumplir la obligación que impone el ya mencionado RD 8/2004? Pues bien, como siempre intentaremos resolver estas dudas en el post de hoy.

El Seguro Obligatorio es aquel que garantiza los daños que pudieran producirse en terceras personas, y como consecuencia de un accidente en el que nosotros tuviéramos la culpa. Esa es la función del Seguro Obligatorio: Limitar la Responsabilidad Civil de los conductores. Es decir, que las víctimas tengan garantizado el cobro de una indemnización, tanto por los daños físicos, como por los daños materiales.

¿Qué consecuencias tiene conducir sin el seguro obligatorio, o sin haber hecho efectivo el pago del mismo? Pues la respuesta a esta pregunta es bien simple: Si tienes un accidente, y la culpa es tuya, tendrás que hacerte cargo de todos los daños que se produzcan como consecuencia del mismo. Esto supone asumir un riesgo realmente serio, puesto que la cuantía de los daños en este tipo de accidentes, puede alcanzar fácilmente los 10.000 €. Además, conducir sin el preceptivo seguro obligatorio supone una infracción administrativa que puede ser denunciada en cualquier momento por la Policía o la Guardia Civil.

En el acaso de tener un accidente careciendo de seguro, y en el que el culpable sea el conductor de otro vehículo, es posible reclamar una indemnización tanto por los daños materiales, como por los daños físicos. Ahora bien, es altamente probable que nos impongan una multa por conducir sin el seguro obligatorio, que rondará entre los 600 y los 3.000 €.

En conclusión, podemos decir que teniendo el riesgo que supone conducir cualquier tipo de vehículo, es imprescindible contar al menos con un seguro a terceros, puesto que es altamente probable que nos veamos envueltos en un accidente, y que aunque no tengamos la culpa, y no haya que hacerse cargo de las correspondientes indemnizaciones; nos veamos obligados a hacer frente al pago de una multa, que con toda certeza superará el coste anual de una póliza a terceros.

¿Cómo se valoran los daños?

En anteriores artículos, hemos analizado qué debemos hacer en los momentos posteriores a la producción de un accidente de tráfico. Pero… ¿Qué ocurre una vez hemos presentado la denuncia? ¿Cómo se valoran las lesiones de las víctimas? Pues bien, el Real Decreto 8/2004 recoge unas tablas que se actualizan anualmente, y cuya versión actualizada os facilitamos en el siguiente ENLACE. Sin embargo, y puesto que nuestra labor como letrados es hacer fácil la comprensión de estas normas, vamos a intentar aclarar en este post, los criterios que más se usan en la práctica para la cuantificación económica de las lesiones.

1)     DIAS (Incapacidad Temporal):

-        Días de Hospitalización: Son aquellos en los que el paciente necesita permanecer ingresado en el centro hospitalario. (71,63 €/Día).

-        Días Impeditivos: El accidentado se encuentra en situación de Baja Laboral. (58,24 €/Día).

-        Días No Impeditivos: El accidentado no se encuentra en situación de Baja Laboral, pero sigue estando convaleciente, y aún no se ha recuperado del accidente. (31,34 €/Día).

* Aquellos que no estén en situación de Alta Laboral, en principio no podrán solicitar la Baja. Sin embargo, deberán comunicar al médico su intención de denunciar, para que éste haga constar en sus informes que “el paciente se encuentra impedido para realizar sus quehaceres habituales”.  En tal caso, el médico forense deberá apreciar ese período de tiempo como días impeditivos.

2)     SECUELAS (Incapacidad Permanente):

Para las lesiones permanentes, se establecen una serie de cuantías en función de la gravedad de las mismas (a través de un sistema de puntos) y en función de la edad de la víctima. En lesiones corrientes como la “cervicalgia”, cada punto se cuantifica entre 800 y 1.000 €. Por otro lado, en lesiones más graves como la pérdida de una extremidad o de un órgano, aumenta exponencialmente la cuantía económica de cada punto, así como la cantidad de los puntos asimilados a la secuela.

3)     DAÑOS MORALES

Las tablas “Tercera” y “Quinta” del RD 8/2004, que hacen referencia a los dos conceptos indemnizatorios mencionados con anterioridad, entienden implícitos, en los importes las mismas establecen, los daños morales. Sin embargo, también recogen una serie de daños morales complementarios para los casos de extrema gravedad:

a)                    Secuelas Graves: Aquellas que superen los 75 puntos, o siendo varias, la suma supere los 90 puntos, podrán indemnizarse de forma complementaria con hasta 95.575, 94 € más en concepto de daños morales complementarios.

b)                    Días Impeditivos: Se fijan los “factores de corrección”, en virtud de los cuáles, se incrementan las indemnizaciones en un tanto por ciento en función del salario neto anual del accidentado.

Básicamente, estos son los patrones que se utilizan para la fijación de la cuantía de las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico. Por ello, es de vital importancia obtener un informe de un médico objetivo (como es el forense), y evitar los informes médicos que puedan realizar las compañías aseguradoras.

Los médicos forenses suelen elaborar muy buenos informes, sin embargo, en ocasiones se quedan algo cortos a la hora de reparar los perjuicios sufridos por las víctimas de los accidentes de tráfico. Por ello, debemos facilitar su labor lo máximo posible, y solicitar todos los informes médicos previos al inicio del procedimiento judicial (Urgencias, rehabilitación, partes de baja, etc…).

¿Qué hacer en caso de accidente de tráfico?

Desgraciadamente, y a pesar de la reducción de los accidentes que las estadísticas confirman año tras año, los accidentes de tráfico siguen produciéndose con mayor o menor gravedad, y es altamente probable que o bien seamos testigos, o bien nos veamos envueltos en alguno de ellos. Para entonces, es necesario tener unos conocimientos mínimos de qué hacer en este tipo de situaciones:

A)    Si presenciamos un accidente:

1. Debemos parar y prestar ayuda a las víctimas, pues de lo contrario estaremos infringiendo el “deber de socorro” que se establece en el Art. 195 CP.

2. Si la situación lo requiere, lo primero es llamar a los servicios de emergencias (112) para que los accidentados reciban la atención médica adecuada, y los agentes de seguridad elaboren el correspondiente atestado.

3. Es conveniente esperar a que lleguen, y dejar el número de teléfono por si fuera necesaria nuestra declaración para el esclarecimiento de los hechos y también en caso de denuncia por accidente de tráfico.

4. El consejo más importante en los casos más graves, es no hacerse el héroe, pues una intervención errónea puede ser fatídica. Es preferible calmar a las víctimas y esperar a que lleguen los profesionales.

B)     Si nos vemos envueltos en un accidente:

1. Lo más importante es mantener la calma. En ocasiones es muy difícil, puesto que estas situaciones nos someten a un estrés al que no estamos acostumbrados.

2. Es preferible llegar a un acuerdo con el resto de implicados, y rellenar un parte amistoso. Es imprescindible llevar estos impresos junto a los papeles del coche o moto. 3.- Si no fuera posible llegar a un acuerdo, habrá que llamar a los agentes del orden competentes (también sería válido el 112), para que elaboren un atestado.

3. Si por cualquier motivo, el/los otro/s implicado/s en el accidente de tráfico no quisieran colaborar, es preferible llamar a la policía para que nos ayude a resolver la situación.

4. En ocasiones, las lesiones producidas no se perciben en los momentos posteriores al accidente. Es conveniente acudir a urgencias lo antes posible, sobre todo si se pretenden reclamar los daños físicos, puesto que los informes médicos elaborados con posterioridad a las siguientes 48 horas después del accidente carecen de validez probatoria.

¿Como afectan las Tasas Judiciales a la Reclamación de Indemnizaciones por Accidente de Tráfico?

El pasado mes de diciembre, entró en vigor la comúnmente denominada “Ley de Tasas Judiciales”, la cuál establece una serie de importes, que han de satisfacerse para la iniciación de los procedimientos judiciales. Muchos de nuestros clientes desconocen cómo afecta la nueva Ley a la hora de reclamar una indemnización, y es por ello, que vamos a resolver en este artículo algunas de las dudas que nos han planteado.

En primer lugar, la mayoría de los accidentes se reclaman en vía judicial a través del procedimiento penal del Juicio de Faltas. La nueva ley de tasas no afecta en lo que al procedimiento penal se refiere, pues éste se encuentra exento del pago de los importes previstos en la mencionada ley. Sin embargo, si grava rotundamente el procedimiento Civil y el Contencioso-Administrativo, imponiendo unos importes fijos que rondan los 300 euros fijos, además de un variable en función de la cuantía que se reclame (que según ha anunciado el Ministro de Justicia, parece que se va a reducir hasta en un 80%).

En las reclamaciones por accidentes de tráfico resulta bastante raro acudir tanto a la vía Civil, como a la Contencioso-Administrativa, puesto que las ventajas temporales y económicas que dotan el procedimiento penal hacen que sea la elección más acertada en el 90% de los casos. Sin embargo, hay algunos casos que por su extremada gravedad, o por los motivos que han dado lugar al accidente, requieren acudir a estos procedimientos. Por ejemplo, una caída en la vía pública requerirá siempre iniciar un procedimiento Administrativo, y si la Administración no concede la indemnización, entonces habría que acudir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otro lado, y dando un ejemplo para la utilización de la vía Civil, sería el accidente que sufre un pasajero de autobús en el que habrá que reclamar una indemnización con origen extracontractual (por el Seguro de Vehículos a Motor) y otra con origen contractual (por el contrato de transporte celebrado).

Como vemos, la casuística es siempre muy diversa, pero por lo general podemos afirmar que en el 90% de los casos la nueva “Ley de Tasas Judiciales” no afecta a la reclamación de indemnizaciones por accidente de tráfico.