El Famoso Techo de Gasto

El pasado 27 de septiembre se publicó y entró en vigor el nuevo Art. 135 de la Constitución Española, también denominado comúnmente como “techo de gasto”. Han sido muy diversas las opiniones vertidas al respecto, y por ello creo que una norma de tal magnitud y trascendencia merece ser analizada desde un punto de vista lo más objetivo posible.

En primer lugar, hemos de tener claro que este Art. 135 CE como norma constitucional que es, sirve de base jurídica para la regulación del resto de normas presupuestarias que se elaboren con posterioridad. Por un lado, se hace referencia en la reforma a una Ley Orgánica que ha de elaborarse con anterioridad al 30 de junio 2012, y que será la que fije cuantitativamente hasta donde podrán endeudarse el Estado y las CCAA, tomando el PIB respectivo de éstas como valor de referencia. Por otro, la prohibición del déficit estructural no se llevará a cabo hasta 2020.

Por consiguiente, aún es pronto para saber si estamos ante lo que desde algunos sectores se nos vende como el fin del Estado del Bienestar, y desde otros como la panacea de la salida de la crisis. La situación del país es lamentable, y eso sumado a las campañas electorales de los dos grandes partidos, empuja en muchas ocasiones a una visión distorsionada de este tipo de medidas; Por ello hay que intentar ser objetivo y entender que limitar el gasto es necesario, y que ésta es una medida principal a largo plazo que requiere medidas accesorias que serán complementarias.

Debemos entender este nuevo Art. 135 CE como el punto de partida de la solución al problema de la mala gestión de los recursos económicos que desde tiempos inmemoriales viene produciéndose en nuestro país. Para ello, es necesario el desarrollo de medidas que vengan encaminadas a la eliminación de todos los gastos superfluos y ostentosos (teléfonos, coches oficiales, viajes en primera clase…), que el Estado recupere competencias en materia de Sanidad y Educación (para lo que habría que modificar  los Art. 148 y 149 CE), y una Ley fuerte contra la corrupción, y los contratos, concesiones, y adjudicaciones fraudulentas. Con esas tres reformas, el límite del déficit cobraría sentido puesto que se garantizaría el buen uso del dinero público por un lado, y por otro, el gran peso económico de Sanidad y Educación sería asumido y garantizado directamente por el Estado.

Además, también es necesario entender que el Estado de Bienestar es más difícilmente sostenible cuanto más descentralizado es el modelo autonómico, pues si bien fomenta un mayor número de empleos públicos estables (funcionarios, y personal laboral), esto supone un coste muy elevado a las Administraciones, y en último término; un sector privado muy débil, que es quien tiene que costearlo con sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Si a eso se le añade el problema demográfico, y el actual paro… ¡Apaga y vámonos!

Todo lo expuesto anteriormente, pone de manifiesto que al contrario de lo que muchos piensan, el nuevo Art. 135 CE simplemente sienta las bases de lo que puede ser todo un éxito, o un fracaso, y que depende de las medidas que se tomen en los próximos años: Si se consigue garantizar la buena gestión, utilización y recaudación de los fondos públicos, y se fomenta el empleo en el sector privado, el Estado de Bienestar estará garantizado. Lo que no es posible es intentar mantener el sistema Social actual, con un sistema fiscal, competencial, y económico que es a todas luces ineficiente.

Por otro lado, hay quien dice que estas medidas vienen impuestas por la Sra. Merkel y el Sr. Sarkozy, lo cual es completamente cierto, y es consecuencia del concepto de Unión Europea inacabada al que los países euroescepticos nos han condenado, en el cual votamos a unos representantes para que vayan a un Parlamento en el que no tienen competencia ninguna en la elaboración del Derecho Comunitario. Pero este será el análisis de mi siguiente artículo, y no quiero adelantarme.

Para concluir, y desde mi punto de vista, el futuro de este “techo de gasto” pasa sin duda alguna por la eliminación de los privilegios de los bancos (garantizar el 70% de todos los depósitos, establecer una tasa de transacciones, así como un control extensivo de las cláusulas abusivas de los contratos bancarios: véanse intereses de demora ilegales al 29%, contratos SWAP, etc…); el fomento de la creación de empresas, así como ayudas a la contratación indefinida de trabajadores; una lucha exhaustiva contra la economía sumergida, la corrupción, y los gastos superfluos; y por último, devolver al Estado competencias en Educación y Sanidad, ampliando el margen de maniobra de las CCAA, y garantizando de forma global servicios de calidad que permitan prosperar al Pueblo generación tras generación, y que fomenten la creación de un sector privado fuerte para poder sostener el Estado de Bienestar. 

Por Una Justicia de Calidad

Es sorprendente comprobar tras el ejercicio de la práctica jurídica por todo el territorio español, las claras diferencias que se producen entre determinados Juzgados e instancias. El rumbo que han tomado algunas instituciones proveedoras de Justicia en este país es, a juicio de muchos de los que practicamos el ejercicio de esta profesión, cuanto menos preocupante.

Tenemos que partir de la base de que en una sociedad moderna como en la que nos encontramos, entorno al Estado de Social y Democrático de Derecho, la Justicia debe entenderse como un bien de primera necesidad, puesto que los intereses de los ciudadanos están continuamente en juego, y en muchos casos, un mal funcionamiento de las instituciones impide tutelarlos con efectividad conforme al derecho fundamental que recoge el Artículo 24 de nuestra Constitución (tutela judicial efectiva).

Normalmente, el sector privado evoluciona con anterioridad al sector público, y este es un claro ejemplo: Mientras algunos de los despachos más a la vanguardia de panorama nacional se esfuerzan por garantizar un servicio de calidad, algunas de las instituciones se encuentran ancladas en el pasado, con medios insuficientes, y con un funcionamiento que en ocasiones entorpece los intereses de los particulares.

Por otro lado, mientras el Ministerio de Sanidad exige la garantía de calidad con personal funcionario en todos los hospitales públicos del territorio español, el Ministerio de Justicia tolera los retrasos, desajustes y la heterogeneidad del sistema judicial. El Real Decreto 951/2005 y la posterior Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, parecen primeros acercamientos a la Justicia de calidad, sin embargo, debemos considerar que son insuficientes pues no han surtido ningún efecto en la práctica.

Para solucionar este problema, debería atajarse de raíz: Creando un “protocolo estándar” que establezca los tiempos determinados para cada procedimiento, según la jurisdicción y la instancia; Así como la figura de un funcionario en cada Juzgado que controle el cumplimiento del mismo; Y por último, que su incumplimiento tenga como consecuencia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Asimismo debería tenerse en cuenta para su elaboración, la opinión de una comisión de abogados, procuradores y secretarios de juzgado, puesto que son quienes pueden apreciar con claridad y debido al trabajo diario que realizan, los déficits de los que adolece nuestro sistema judicial.

En los tiempos difíciles que vivimos, a veces se olvida que el sistema judicial de un país es un factor determinante para la recuperación económica del mismo, puesto que en muchas ocasiones, la viabilidad de las empresas depende de procedimientos pendientes en los Juzgados. Éste es un factor colateral al económico, que a mi juicio, el próximo Gobierno deberá tener en cuenta si quiere que la recuperación económica se produzca con mayor celeridad, y de este modo asegurar tanto los derechos de los ciudadanos, como la solvencia de las empresas en época de crisis.